Si las empresas logran reducir por esta vía las pérdidas que les significa la evasión, desaparecerían los incentivos para bajarla.
Fuente: El Mercurio, 6 de mayo de 2014.
Dentro del
proceso de revisión que, según estipulan sus contratos, debe realizarse cada
dos años, los concesionarios del Transantiago están solicitando al Ministerio
de Transportes subir los pagos que reciben por pasajero transportado. El
planteamiento se fundamenta en que la demanda por transporte público —según lo
reflejaría el número de validaciones anuales de la tarjeta bip!— habría caído
en los últimos años, por lo que sus ingresos resultarían hoy insuficientes.
Otros problemas que enfrentan las empresas concesionarias incluyen el alto
valor de los combustibles y los efectos de la congestión vehicular; ambos han
aumentado sus costos de operación. Tras la baja en las validaciones existe, sin
embargo, otro fenómeno que relativiza la afirmación sobre una supuesta caída de
la demanda: la evasión generalizada en el pago del pasaje, y que se concentra
precisamente en los buses (en el metro, en cambio, es casi nula). Aunque se
estima que ella alcanza a lo menos al 20%, en realidad no existen cifras totalmente
confiables. Sí es un hecho que, en el caso del metro, las validaciones han
subido 10% en el período 2010-2013, mientras que han caído 15% en los buses. Es
posible, sin embargo, que esto último no se deba a una baja real de la demanda,
sino a que las concesionarias no han logrado reducir la evasión, pese a que los
actuales contratos las incentivan a hacerlo, castigando sus ingresos. Tal
fracaso en el control de la evasión puede ser en parte responsabilidad de las
propias empresas; si bien algunas han implementado estrategias más sistemáticas
para combatir el no pago, incluso contratando asesoría especializada, esa no
parece ser la situación en todas las líneas. Los concesionarios, sin embargo,
reclaman no recibir suficiente apoyo, ni de Carabineros ni del sistema judicial.
En este sentido, es probable que, para la sustentabilidad del sistema de
transporte público capitalino, sea necesario que la autoridad intensifique las
campañas antievasión en coordinación con la policía uniformada, además de evaluarse
mecanismos más eficaces para sancionar a quienes eluden el pago de su pasaje.
Una fórmula a estudiar sería la de que, durante un período acotado de tiempo,
algunos buses viajen de modo permanente con carabineros que hagan descender a
los usuarios que no paguen. Las cifras que entonces se registrarían podrían
compararse con las de otros períodos y con las de los buses sin policías, todo
lo cual permitiría obtener una mejor estimación de la evasión y diseñar
estrategias más eficaces para enfrentarla. Un tema aparte es que muchos
usuarios justifican no pagar debido al mal servicio que reciben: Transportes ha
detectado que algunas empresas envían buses que no paran en los paraderos, y
hacen su recorrido vacíos y con menos costo, aprovechándose de la forma en que
se fiscalizan los contratos. El problema que el actual proceso de revisión plantea
es que si las empresas logran reducir por esta vía las pérdidas que les
significa el no pago, desaparecerían los incentivos para esforzarse en bajar la
evasión. Por lo tanto, si bien es probable que el ministerio deba acoger en
parte las peticiones de los concesionarios (so riesgo de la quiebra de algunos
de ellos), el monto del alza debería ser menor a lo que demandan. En todo caso
los problemas del Transantiago actual son los de cualquier sistema regulado y
difieren de la crisis experimentada en sus inicios. Así, si ambas partes no
logran llegar a un acuerdo respecto del pago por pasajero transportado, el caso
se presentará ante un panel de expertos que deberá optar por una de las dos
posiciones en pugna. Esta fórmula permite moderar las pretensiones de
cada parte, ante el riesgo de que el panel elija la propuesta del contradictor.
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