martes, 6 de mayo de 2014

Revisión de Contratos de Transantiago

Si las empresas logran reducir por esta vía las pérdidas que les significa la evasión, desaparecerían los incentivos para bajarla.


Fuente: El Mercurio, 6 de mayo de 2014.

Dentro del proceso de revisión que, según estipulan sus contratos, debe realizarse cada dos años, los concesionarios del Transantiago están solicitando al Ministerio de Transportes subir los pagos que reciben por pasajero transportado. El planteamiento se fundamenta en que la demanda por transporte público —según lo reflejaría el número de validaciones anuales de la tarjeta bip!— habría caído en los últimos años, por lo que sus ingresos resultarían hoy insuficientes. Otros problemas que enfrentan las empresas concesionarias incluyen el alto valor de los combustibles y los efectos de la congestión vehicular; ambos han aumentado sus costos de operación. Tras la baja en las validaciones existe, sin embargo, otro fenómeno que relativiza la afirmación sobre una supuesta caída de la demanda: la evasión generalizada en el pago del pasaje, y que se concentra precisamente en los buses (en el metro, en cambio, es casi nula). Aunque se estima que ella alcanza a lo menos al 20%, en realidad no existen cifras totalmente confiables. Sí es un hecho que, en el caso del metro, las validaciones han subido 10% en el período 2010-2013, mientras que han caído 15% en los buses. Es posible, sin embargo, que esto último no se deba a una baja real de la demanda, sino a que las concesionarias no han logrado reducir la evasión, pese a que los actuales contratos las incentivan a hacerlo, castigando sus ingresos. Tal fracaso en el control de la evasión puede ser en parte responsabilidad de las propias empresas; si bien algunas han implementado estrategias más sistemáticas para combatir el no pago, incluso contratando asesoría especializada, esa no parece ser la situación en todas las líneas. Los concesionarios, sin embargo, reclaman no recibir suficiente apoyo, ni de Carabineros ni del sistema judicial. En este sentido, es probable que, para la sustentabilidad del sistema de transporte público capitalino, sea necesario que la autoridad intensifique las campañas antievasión en coordinación con la policía uniformada, además de evaluarse mecanismos más eficaces para sancionar a quienes eluden el pago de su pasaje. Una fórmula a estudiar sería la de que, durante un período acotado de tiempo, algunos buses viajen de modo permanente con carabineros que hagan descender a los usuarios que no paguen. Las cifras que entonces se registrarían podrían compararse con las de otros períodos y con las de los buses sin policías, todo lo cual permitiría obtener una mejor estimación de la evasión y diseñar estrategias más eficaces para enfrentarla. Un tema aparte es que muchos usuarios justifican no pagar debido al mal servicio que reciben: Transportes ha detectado que algunas empresas envían buses que no paran en los paraderos, y hacen su recorrido vacíos y con menos costo, aprovechándose de la forma en que se fiscalizan los contratos. El problema que el actual proceso de revisión plantea es que si las empresas logran reducir por esta vía las pérdidas que les significa el no pago, desaparecerían los incentivos para esforzarse en bajar la evasión. Por lo tanto, si bien es probable que el ministerio deba acoger en parte las peticiones de los concesionarios (so riesgo de la quiebra de algunos de ellos), el monto del alza debería ser menor a lo que demandan. En todo caso los problemas del Transantiago actual son los de cualquier sistema regulado y difieren de la crisis experimentada en sus inicios. Así, si ambas partes no logran llegar a un acuerdo respecto del pago por pasajero transportado, el caso se presentará ante un panel de expertos que deberá optar por una de las dos posiciones en pugna. Esta fórmula permite moderar las pretensiones de cada parte, ante el riesgo de que el panel elija la propuesta del contradictor. 

http://bit.ly/1kIBr35

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