En la última década, durante distintos gobiernos y con el constante apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han sido muchos los esfuerzos desplegados por dotar a Chile de una política referente al desarrollo urbano. Desde la convocatoria de 2001 denominada "reforma de la ciudad", hasta el trabajo desarrollado durante los años 2007 y 2008 con colaboración de agencias internacionales.
Entre los especialistas de diversas disciplinas ligadas al quehacer de las ciudades existe un marcado consenso respecto de la necesidad de contar con principios rectores, capaces no solo de guiar la transformación y crecimiento de ellas, sino también de ordenar las acciones públicas y privadas que las afectan. Lo anterior, teniendo presente que una política no es una ley, sino un conjunto de proposiciones cuyo objetivo es guiar dichas acciones. Incluidas, por cierto, futuras iniciativas legales, en caso de que el resultado de la propuesta tenga esa capacidad y represente una visión ampliamente compartida.
Como todo país que recién alcanza ciertos niveles de prosperidad, nos enfrentamos a nuevos problemas que requieren un reordenamiento de nuestras condiciones de desarrollo. La actual legislación sobre urbanismo y planificación de los asentamientos humanos en el territorio es hija de los terremotos y de la urgente necesidad de dar y reponer vivienda, y está orientada a incentivar las construcciones. Esto, que en sí constituyó un logro, ya no es suficiente. Hoy debemos detenernos a definir los aspectos colectivos, la forma en que dichas construcciones deben supeditarse al bien común, al equilibrio entre ellas y con el territorio.
En Chile no existe una política de desarrollo urbano propiamente tal, sino una suma de leyes que buscan diferentes objetivos, generalmente no bien coordinados entre ellos, referentes a la administración del territorio, la distinción entre campo y ciudad, la construcción de los espacios públicos o el derecho a la vivienda para las familias de menos recursos.
Hoy, 29 personas, representantes de distintos sectores políticos, académicos y gremiales del país, hemos sido convocadas por el Presidente de la República para proponer al país dicha política. Es una tarea exigente, que nos interpela y nos desafía a aunar visiones diferentes. Sin embargo, partimos por constatar que hay ya camino recorrido, resultado del trabajo serio y dedicado de muchas personas, de distintas profesiones y posiciones políticas. No pretendemos inventar la rueda, sino tomar el bastón e intentar, esta vez, llegar a puerto con una proposición de principios y lineamientos que sean capaces de guiar el futuro de nuestras ciudades. En palabras del Presidente, tales enunciados debieran conducir a "lograr una ciudad con espacios públicos de calidad, con un desarrollo urbano y una planificación más moderna, con mejor participación ciudadana, mayores niveles de descentralización y capacidad para adaptarse a los cambios". El marco del encargo fue amplio, sin restricciones previas, dentro del cual caben propuestas para "reformular aspectos del ordenamiento institucional, o de la división administrativa del territorio, o incluso aspectos relacionados con disposiciones constitucionales".
En el Chile de hoy, contar con una política para guiar el desarrollo de las ciudades es una necesidad urgente para enfrentar desafíos concretos, tales como revertir los focos de desigualdad urbana generados por grandes áreas de viviendas sociales desvinculadas del resto de la ciudad, sin equipamiento ni áreas verdes, o cómo proteger nuestro patrimonio arquitectónico y la identidad propia de las localidades, o cómo resaltar la importancia del espacio público, que es el alma de las ciudades, por nombrar sólo algunos.
El trabajo de esta Comisión recién está comenzando y considera un proceso amplio de discusión y análisis, con instancias de participación y seminarios a lo largo del país, teniendo presente la rica diversidad de nuestro territorio y su gente.
Estamos conscientes de que la medida del trabajo de la Comisión será la calidad de la propuesta, no la trayectoria o los supuestos pergaminos de sus miembros, por definición insuficientes para la labor encomendada. Será el mérito y consistencia de dichos principios y lineamientos lo que definirá si estaremos frente a una Política de Estado o ante otro ejercicio más de un grupo de personas bajo un gobierno determinado. En otras palabras, será el propio contenido de la política el que definirá su trascendencia o fugacidad, su aceptación o indiferencia por parte de la comunidad y las autoridades actuales y futuras.
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