Una nueva crisis en el Transantiago denunciaron parlamentarios de la Concertación, quienes criticaron que el Gobierno está pasando por alto los procesos de licitación y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores del sistema. Además, apuntaron a diversos focos de conflicto en el transporte público.
Fuente: Paula Correa, radio.u.chile.cl, 26/10/2011
“El ministro está dando palos de ciego al Transantiago y va a terminar destruyendo lo poco que se ha podido avanzar hasta ahora”. Ese fue el mensaje un grupo de parlamentarios, quienes denunciaron que el propio Gobierno es el autor de la crisis que se ha vivido en los últimos días, al generar cambios poco transparentes e incumplir el proceso de licitación previamente acordado.
Esto porque los tratos con las empresas culminaban el 22 de octubre y establecían que se renovaban de forma inmediata en caso de no existir una nueva licitación. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por reunirse con las 14 compañías que prestan servicios, decidiendo arbitrariamente qué firmas siguen y cuáles no, reduciendo el grupo a un total de cinco concesionarias.
El diputado de la DC y miembro de la comisión de Transportes, Juan Carlos Latorre, señaló que esto ha perjudicado a los trabajadores los que terminarán con peores condiciones laborales.
“Los buses, los terminales y los recorridos son los mismos. Lo único que se hizo fue trasferir todo un cascarón en una operación empresarial. Se traslada el contrato a otra compañía y lo único que cambia son las condiciones de los trabajadores, a quienes se les rebaja sustancialmente en sueldo y no se les respetan sus derechos laborales”, afirmó el parlamentario.
Latorre añadió que “cuando el ministro dice que aquí hay un grupo de trabajadores que reacciona, nosotros le decimos que en un proceso como éste donde los empleados pierden los derechos que han logrado, obviamente se genera una tremenda inquietud”.
El legislador criticó la forma en la que esta administración está enfrentando las movilizaciones del sector transporte en general, al que hoy se sumaron los taxistas y colectiveros. “La actitud del ministro de Transportes, Pedro Errázuriz, ha sido penosa al decidir no enfrentar los problemas del rubro y aplicar la Ley de Seguridad del Estado”.
Una crítica que compartió el diputado PPD, también miembro de la comisión de Transportes, Patricio Hales.
“No nos gusta que haya violencia y problemas en los terminales. No nos agrada que se impida el funcionamiento de los buses, pero la única respuesta que ha tenido el Ministerio de Transportes ha sido la Ley de Seguridad del Estado como si aquí los problemas se arreglaran solamente con el Ministerio del Interior y con represión y no para la mejora del servicio. Siguen las falencias en la frecuencia, no funciona la AFP, siguen los incumplimientos en la tecnología”, denunció el legislador.
Lo más grave, advirtió Hales, es que los cambios que quiere implementar el Gobierno son totalmente desconocidos. Además, refutó los argumentos del Ejecutivo en relación a una necesidad de mejorar tecnológicas al afirmar que “las autoridades están improvisando, porque el ministerio ya conocía todas estas necesidades tecnológicas de antemano y no fue capaz de planificar una forma conversada de integrarlas”.
Los mismos choferes coincidieron con esa postura. El presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Transporte, Oscar Olivos, quien criticó también a los parlamentarios que fueron parte de la crisis que se vive hace años.
“El Transantiago nació con crisis. Los mismos diputados y senadores que en aquella época lo avalaban hoy se dieron cuenta que no se cumple con las normas. Hay que tratar de ver de qué forma como país nos preocupamos de aportar para que esto se solucione y buscar mecanismos que nos permitan desarrollar una política de transporte nacional que sea coherente con lo que significa la movilización pública de pasajeros”, sentenció Olivos.
El dirigente señaló que es una lástima que cada sector endose las responsabilidades en otros en vez de buscar los mecanismos que le permitan, por el bien de la ciudadanía y los usuarios, elaborar una política pública efectiva.
