Juicios arbitrales buscan que transportistas cubran las pérdidas y destrucción de diversos dispositivos. Se exigen pagos por cerca de US$ 17 millones.
Fuente: Francisco J. Fuentes, El Mercurio, 30 de mayo de 2012.
En medio de millonarias demandas por no cumplimiento de contrato en materia de pérdida y destrucción de equipamiento tecnológico se encuentran enfrascadas las empresas operadoras y el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) -conformado por los bancos Estado, Santander, BCI, Chile y Falabella-, que alega una deuda cercana a los US$ 17 millones.
Las demandas, no sometidas a los tribunales ordinarios, sino que a comisiones arbitrales designadas por las partes, implican reclamaciones del AFT a las empresas Alsacia, Express, SuBus, STP y Metropolitana por la pérdida o destrucción del equipamiento instalado a partir de 2007 en los buses y que resultó dañado, destruido o sustraído a partir de esa fecha.
Esto, pese a que gran parte del hardware nunca logró cumplir las funciones para las que fue instalado en la mayoría de los casi 7 mil buses. De hecho, el AFT fue multado entre 2007 y 2010 con más de $2.000 millones por parte del Ministerio de Transportes debido a incumplimientos en el servicio acordado vía contratos con el Estado.
Según fuentes del Transantiago, la reclamación arbitral del consorcio bancario está motivada, en parte, por la necesidad de cubrir el costo del litigio que ya sostuvo en 2011 con Sonda por los mismos motivos. Entonces, junto con su retiro de la sociedad, Sonda le exigió al AFT el costo por la pérdida o destrucción de los mismos equipos, por unos $8.000 millones.
AFT demandó a los operadores por destrucción de cámaras de vigilancia, botones de pánico, contadores de pasajeros, interruptor de cierre de puertas y paneles de información variable, además de los computadores a bordo, denominados MT-600.
Dichos equipos quedaron fuera de la configuración tecnológica de los vehículos a mediados de 2007, cuando Transportes corroboró que no habían logrado ser puestos en operación.
En general, la configuración electrónica de cada bus también incluía micrófonos, paneles de intercomunicación, antenas y GPS, pero dichos equipos sí lograron servir a sus propósitos.
Frente a ello, las empresas argumentaron que no correspondía indemnizar al proveedor, pues nunca entraron en operación y que el retiro de dichos implementos desde los buses era responsabilidad de Transantiago y Sonda. De hecho, los pagos por equipamiento "en desuso" habían sido suspendidos por los operadores a fines de 2007.
Mejor suerte corrieron las demandas indemnizatorias del AFT por instalación y recambio de equipamiento para buses nuevos, cuyos pagos fueron suspendidos por los operadores desde que el Gobierno realizó el primer cambio de contratos.
"El Mercurio" intentó obtener la opinión del AFT, pero la entidad prefirió no comentar el tema.
El Gobierno, en tanto, se mantiene al margen del conflicto: "Las discusiones que pueda haber entre un operador y el AFT son discusiones privadas en que no nos involucramos", dijo el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz.
http://bit.ly/MUbsmK
Las demandas, no sometidas a los tribunales ordinarios, sino que a comisiones arbitrales designadas por las partes, implican reclamaciones del AFT a las empresas Alsacia, Express, SuBus, STP y Metropolitana por la pérdida o destrucción del equipamiento instalado a partir de 2007 en los buses y que resultó dañado, destruido o sustraído a partir de esa fecha.
Esto, pese a que gran parte del hardware nunca logró cumplir las funciones para las que fue instalado en la mayoría de los casi 7 mil buses. De hecho, el AFT fue multado entre 2007 y 2010 con más de $2.000 millones por parte del Ministerio de Transportes debido a incumplimientos en el servicio acordado vía contratos con el Estado.
Según fuentes del Transantiago, la reclamación arbitral del consorcio bancario está motivada, en parte, por la necesidad de cubrir el costo del litigio que ya sostuvo en 2011 con Sonda por los mismos motivos. Entonces, junto con su retiro de la sociedad, Sonda le exigió al AFT el costo por la pérdida o destrucción de los mismos equipos, por unos $8.000 millones.
AFT demandó a los operadores por destrucción de cámaras de vigilancia, botones de pánico, contadores de pasajeros, interruptor de cierre de puertas y paneles de información variable, además de los computadores a bordo, denominados MT-600.
Dichos equipos quedaron fuera de la configuración tecnológica de los vehículos a mediados de 2007, cuando Transportes corroboró que no habían logrado ser puestos en operación.
En general, la configuración electrónica de cada bus también incluía micrófonos, paneles de intercomunicación, antenas y GPS, pero dichos equipos sí lograron servir a sus propósitos.
Frente a ello, las empresas argumentaron que no correspondía indemnizar al proveedor, pues nunca entraron en operación y que el retiro de dichos implementos desde los buses era responsabilidad de Transantiago y Sonda. De hecho, los pagos por equipamiento "en desuso" habían sido suspendidos por los operadores a fines de 2007.
Mejor suerte corrieron las demandas indemnizatorias del AFT por instalación y recambio de equipamiento para buses nuevos, cuyos pagos fueron suspendidos por los operadores desde que el Gobierno realizó el primer cambio de contratos.
"El Mercurio" intentó obtener la opinión del AFT, pero la entidad prefirió no comentar el tema.
El Gobierno, en tanto, se mantiene al margen del conflicto: "Las discusiones que pueda haber entre un operador y el AFT son discusiones privadas en que no nos involucramos", dijo el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz.
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