Fuente: Francisco J. Fuentes, El Mercurio, 23 de junio de 2012.
Ad portas de cerrar el último paso pendiente del proceso de rediseño del plan Transantiago se encuentra el Gobierno, luego de que en los últimos días, y tras seis meses de negociación, arribara a un preacuerdo con el Administrador Financiero del sistema (AFT) para la suscripción del nuevo contrato que ligue a dicha entidad al plan de transporte metropolitano.
El convenio, que según fuentes de la cartera de Transportes debiera estar suscribiéndose "pronto", implica que el consorcio conformado por los bancos de Chile, BCI, Estado, Santander y Falabella -que hoy realiza recaudación, control de flota y venta de pasajes- pase a hacerse cargo sólo de la función de clearing , es decir, de recaudación y distribución de ingresos.
Con la suscripción del contrato y su toma de razón por parte de la Contraloría antes de fin de año, el Transantiago pasará a operar en plenitud su nueva fase, habiendo generado nuevas reglas por separado con operadores, administradores del sistema y con los encargados del apoyo logístico.
Ello implica, según el acuerdo preliminar, que la red de cargas en dinero para la tarjeta Bip! pase a ser responsabilidad legal exclusiva de Metro y que éste, a la vez, traspase a un nuevo operador todo el modelo de prepago de pasajes en superficie.
Del mismo modo, el AFT también perdería facultades -establecidas contractualmente hasta ahora- para proveer a los buses de un programa de gestión y administración de flota, que hasta ahora realizaba la empresa Sonda. Pese a que no está claro aún si Sonda dejará de prestar el servicio de gestión y control de flota, la idea es que el Estado administre directamente, a través de la Coordinación del Transantiago, un contrato con algún proveedor tecnológico para esas funciones.
En los últimos días, ejecutivos del AFT realizaron varios llamados telefónicos a las empresas operadoras del sistema para indicarles que, en virtud de la próxima firma del acuerdo y a instancias del Ministerio de Transportes, el AFT desistiría de las demandas arbitrales que mantenía en contra de los transportistas por la supuesta "pérdida o destrucción" de equipamiento a bordo de los buses por un monto total de casi US$ 17 millones.
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